En muchas ocasiones, hablar de software libre o de código abierto en proyectos públicos se asocia a innovación. Y aunque es cierto que el acceso al conocimiento permite innovar de forma más eficiente en muchos ámbitos, también suele interpretarse como una apuesta por soluciones alternativas o incluso de riesgo.

Si nunca lo fue, hoy todavía menos: esa lectura ya no encaja con la realidad.

Cada vez más, el verdadero riesgo no está en el software libre. Está en la dependencia.

En proyectos públicos, especialmente en aquellos que gestionan información crítica —y gran parte de lo que ocurre en el territorio y se gestiona desde la geomática lo es— la estabilidad no consiste en que algo funcione hoy. Consiste en que siga funcionando mañana, ante posibles cambios de proveedores, contratos, condiciones de licencia, prioridades políticas o equipos técnicos.

El acceso al código, el uso de estándares abiertos y la posibilidad real de mantenimiento por terceros no son argumentos baladíes. Son mecanismos básicos de control del riesgo. Permiten auditar, evolucionar, integrar y, llegado el caso, cambiar de proveedor sin rehacer el sistema desde cero.

En entornos públicos optar por soluciones cerradas suele ser la decisión más arriesgada.

El software libre es una decisión conservadora en el mejor sentido del término: proteger la inversión pública, reducir incertidumbre y garantizar capacidad de adaptación a largo plazo.

¿Y en cuanto a innovación? Sin control, no hay innovación sostenible.