En poco más de un mes nos encontramos con dos nuevas iniciativas legislativas en territorio europeo en pro del uso del software libre, alineadas con las estrategías de la propia Unión Europea en relación al software libre como la “Open Source Strategy in the European Commission” y la modernización de la administración pública “ISA²-Developing and sharing IT solutions for less bureaucracy”.

Por un lado una iniciativa nacional, donde celebramos que el parlamento búlgaro aprobó hace unas semanas una ley que obliga al uso de código abierto en la contratación de servicios IT, en concreto aquellos que incluyan la provisión de software para la administración pública del país. Sin duda, esta legislación prepara el camino para avanzar hacia un mayor grado de independencia tecnológica, facilitando el desarrollo de la industria local y la reutilización de código por diferentes organismos del gobierno y otorgando una mayor confianza al ciudadano en el funcionamiento de la administración electrónica. Por no hablar de motivos como la seguridad, la reducción de costes por adquisición y renovación de licencias (en muchos casos un auténtico monopolio) e incluso el aumento de la longevidad del hardware existente.

Por otro lado tenemos una iniciativa legislativa que probablemente afecta más directamente al proyecto gvSIG, ya que nació y tiene “su centro de operaciones” en la región donde ha sido impulsada. Se trata de la moción 12/IX, sobre el fomento del uso del software libre en la administración autonómica valenciana, aprobada (con el voto favorable de todos los partidos políticos) en la sesión del Pleno de 26 de mayo de 2016.

La lectura de la moción es más que recomendable, por ser breve y precisa en las medidas a tomar, como: Definir políticas y establecer planificaciones que fomenten el uso del software libre en la administración autonómica; incorporar directrices concretas para el uso preferente de soluciones libres en el Plan de transformación digital y en todos los proyectos futuros relacionados con el desarrollo de los sistemas de información; potenciar en los contratos, actuales y futuros, de externalización de los sistemas informáticos, la implantación de licencias abiertas y el apoyo a modelos de negocio basados en el software libre, abriendo así nuevas oportunidades a la pequeña y mediana industria TIC de la Comunitat Valenciana; priorizar la materialización de proyectos con el apoyo de fondos europeos para iniciativas basadas en software libre,…

Y me quiero detener en el punto que indica que se emitirá un informe semestral de esta evolución, basado en objetivos e indicadores, que permita realizar comparativas según criterios independientes. De partida ya existe el compromiso de que el Consell rendirá cuenta del cumplimiento de esta moción en el plazo máximo de seis meses desde su aprobación.

Sin duda aquí tenemos un punto clave frente a otras iniciativas legislativas en las que no hay un compromiso de seguimiento de lo acordado. Fundamental porque la experiencia nos ha demostrado que en muchos casos estas decisiones políticas en pro del software libre luego han tenido una materialización mínima…y aquí entramos en el campo de los riesgos.

Cuando hablábamos de Smart Cities, que en este caso podríamos extrapolar al concepto de Gobierno Inteligente o Smart Government, diferenciábamos entre las decisiones técnicas y políticas, afirmando que la apuesta por software libre frente al software privativo era meramente una decisión política, del mismo modo que pudiera ser decidir si una determinada carretera era pública o se privatizaba su uso. Ahora bien, una vez puesta en marcha (algo fundamental) la ley, nos encontramos con el primer factor de riesgo a vencer: el bloqueo desde los responsables técnicos que han de materializar la ley.

Este bloqueo en muchos casos he oído que se define como “la resistencia al cambio”, aunque la experiencia me dice que más bien se trata de anclarse en la comodidad y la inacción ya que los cambios requieren esfuerzos adicionales. Me imagino, en tiempos remotos, cuando se aprobaron leyes que impedían el uso de esclavos y como algunos responsables intentarían frenar su puesta en marcha…”porque hay que sacar el trabajo adelante”. Por muy exagerada que parezca la comparación, argumentos de este tipo los he escuchado durante años y denotan una falta de iniciativa, planificación y -en definitiva – responsabilidad por aportar y lograr cambios significativos cuyos beneficios son tan claros que ya no es necesario defender.

Así pues, enhorabuena a los ciudadanos bulgaros y valencianos, y felicitaciones a los políticos que han entendido que en el siglo XXI la tecnología es un sector estratégico de primer orden y que, por tanto, se ha de legislar para como mínimo tener un control sobre el mismo, algo sólo posible con software libre. Pero también, a esos mismos ciudadanos, les pedimos que estén atentos, principalmente a las comunidades y asociaciones de software libre, a las pequeñas y medianas empresas que son beneficiarías directas de estas políticas, para que auditen la puesta en marcha y evolución de estas políticas, para que no haya excusas, evitemos riesgos como los comentados y los resultados se visualicen en el día a día.